Then, in February, on a windy day with temperatures at or below freezing, the management of Autumn Apartments in Selbyville began locking families out of their units illegally. This illegal action was lent credibility and legitimacy by the presence of police from the town of Selbyville, creating an atmosphere which encouraged resident compliance in having their rights violated. Occupants of five units of the apartments, including women and children, were illegally evicted from that complex. Other resident families had received their lease termination notices or had their February rent payments refused.

Management indicated that the evictions were precipitated by threats from town officials about non-renewal of the landlord’s license to rent the units. Officials of the town had begun inspecting the complex for code violations. At least six families were actually locked out before the timely intervention of the Georgetown offices of Community Legal Aid Society, Inc. and the United Food and Commercial Workers Union Local 27. Through their efforts the lock-outs were reversed. At that time there were 28 families living in Autumn Apartments, 27 of whom were Latino and one of whom was African-American.

This action came at a time of increasing concern about the tightening of code enforcement on housing occupied by minority groups, especially Latinos, in Georgetown and other towns in Sussex County. The housing problems in the Georgetown area of the county, have become a negative dynamic in which scarce affordable housing has led to exorbitant rents, overcrowding, overtaxing of structures and systems, selective public intervention to enforce codes, landlord inability or unwillingness to repair, boarding up and scheduled demolition of houses, and the displacement of families.

The issues are so numerous, critical, and interrelated, that a group of advocates for decent housing has formed to address what may be the most serious housing problem in the state. The goal of the group is to identify the various elements contributing to this dynamic and reverse it.

The group, convened by the Delaware Housing Coalition, has been looking at issues of housing and neighborhood revitalization. It includes representatives of Allen Foods, Children and Families First, Community Legal Aid Society, Delaware Housing Coalition, Delaware State Housing Authority, Delaware State Wide Association of Tenants, Division of Human Relations, La Esperanza, First State Community Action, Grace United Methodist Church, Housing Capacity Building Program, Interfaith Mission of Sussex County, Poultry Justice Workers Alliance, Public Justice Center, NCALL Research, and the United Food and Commercial Workers Union Local 27

While it is seeking long-term remedies to the situation in Sussex, the group is supporting two immediate initiatives:

En noviembre de 1999 el Washington Post publicó el artículo <<La inmigración transforma una comunidad>> por Gabriel Escobar, que llama la atención sobre el impacto que tiene la industria pollera sobre el condado de Sussex y del área en general. El artículo pone de relieve para sus lectores nacionales los problemas que los abogados defensores locales, las autoridades y la gente que necesita vivendas han estado confrontando por varios años. El artículo del Washington Post describe luego una nueva y alarmante reacción de parte de las autoridades de Georgetown: "Los líderes de la ciudad ahora están armados con un código nuevo de la vivienda, cuyo propósito es no sólo mejorar las condiciones sinó también dispersar los recién llegados a través del condade de Sussex.

Luego, en un ventoso día de febrero del 2000, con temperaturas bajo zero, los administradores de los Apartamentos Autumn en Selbyville empezaron a dejar familias fuera de sus apartamentos cambiando las cerraduras. La presencia de la policía local le dió credibilidad y legalidad a esta acción ilegal, lo cual creó un ambiente que facilitó la aceptación por los residentes a que sus derechos fueran violados. Los ocupantes de cinco apartamentos, incluyendo mujeres y niños, fueron ilegalmente desalojados de esos apartamentos, otras familias en esos apartamentos habían recibido notificación de que sus contratos de arrendamiento habían sido terminados o rehusaron aceptarles la renta de febrero.

La administración indicó que los desalojos habían sido precipitados por las amenazas recibidas de las autoridades de la ciudad de que no les renovarían las licencias de propietarios de casas para la renta de los Apartamentos Autumn. Las autoridades de la ciudad habían comenzado a inspeccionar el complejo de apartamentos por violaciones al código. Por lo menos seis familias fueron actualmente desalojadas antes de la oportuna intervención de las oficinas de la Sociedad de ayuda legal a la comunidad (Community Legal Aid Society) de Georgetown, y de la Unión, la Local 27 de los Trabajadores unidos de alimentos y comestibles y comercio. Gracias a sus esfuerzos los desalojos fueron dejados sin efecto. En ese momento había 28 inquilinos viviendo en los Apartamentos Autumn, 27 familias latinas y una AfroAmericana.

Esta acción se llevó a cabo justo en el momento en que la preocupación aumenta por el mayor enforzamiento del código de la vivienda en viviendas ocupadas por grupos minoritarios, especialmente latinos en Georgetown y otros pueblos en el condado de Sussex. Los problemas de la vivienda en el área de Georgetown se han convertido en una dinámica negativa en la cual la falta de viviendas asequibles ha creado rentas exorbitantes, el hacinamiento en las viviendas, el exigir demasiado de las estructuras y de los sistemas, la intervención pública para enforzar los códigos, y la inabilidad o falta de voluntad de parte de los dueños para hacer arreglos y reparos, el tapar de las puertas y ventanas con tablas, y el marcar fechas para demoler las casas, y por ende el desplazamiento de las familias.

Los problemas son tan numerosos, críticos e interrelacionados, que un grupo de abogados defensores promoviendo la vivienda decente se ha formado para tratar de remediar lo que puede ser el problema más serio sobre la vivienda en el estado de Delaware. El propósito de este grupo es identificar los elementos que contribuyen a esta dinámica y eliminarlos.

El grupo, convocado por la Coalición de la Vivienda de Delaware, ha estado estudiando los problemas de la vivienda y de la revitalización de los vecindarios y barrios. El grupo incluye representantes de los Alimentos Allen, Niños y Familias Primero, La Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware, la Asociación Estatal de Inquilinos, la División de Relaciones Humanas del Estado, La Esperanza, La Acción de la Comunidad del Estado Primero, la Iglesia Metodista Grace United, el Programa para Aumentar la Capacidad de la Vivienda, el Interfaith Mission de Sussex County, la Alianza de los Obreros para la Justicia en la Industria Avícola (Pollera), el Centro para la Justicia Pública, NCALL Research, y la local 27 de la Unión de Trabajadores Unidos de Comestibles y Comercio.

A la misma vez que el grupo busca soluciones a largo plaza a la situación que existe en Sussex, el grupo apoya dos iniciativas inmmediatas: